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Que la consellera Antònia Allès declare como testigo en el Juzgado no es algo de gran importancia. Tampoco lo es tanto que la notificación le llegara tarde y mal. Sin embargo, la crisis que afecta al equipo de gobierno del Consell plantea dos cuestiones que han de valorarse. Entre los socios, el PSOE y el PSM, se ha creado un clima de desconfianza, como consecuencia de una falta de comunicación entre sus dos líderes, y de las discrepancias no resueltas en algunos temas importantes. Las opiniones pueden ser dispares, sin embargo la comunicación es imprescindible para que la gestión de la institución sea viable. La tendencia creciente a separar los departamentos en cotos y a evitar intromisiones del socio correspondiente no es un buen camino.

Otro tema que merece ser analizado es la gestión urbanística de Sant Lluís. De los difíciles equilibrios que se realizaron para aprobar las Normas Subsidiarias surgen ahora estos problemas. La legalidad urbanística merece un mayor respeto por parte de los partidos políticos que tienen la responsabilidad de gestionar las instituciones. A depurar esas responsabilidades debería dedicarse la comisión de investigación.