El Gobierno tiene la responsabilidad de dar una respuesta a una reivindicación lógica y justa, evitando que quienes salen o entran de los aeropuertos de las Islas paguen por transportar una segunda maleta. Las compañías deciden sus estrategias comerciales, pero el incremento del coste del transporte aéreo mediante una subida desproporcionada del precio del exceso de equipaje y de la segunda maleta no puede aceptarse en una comunidad insular.
El senador Arturo Bagur ha calificado de "aberración" la medida aplicada por las compañías y asegura que el Gobierno tiene capacidad para intervenir. La directora general del Transporte Aéreo de Balears, Joana Amengual, también pide a la administración central que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para que en este tema la comunidad balear reciba el trato al que tiene derecho. La retirada temporal de la propuesta de Coalición Canaria abre un compás de espera, una oportunidad para que el Gobierno actúe.
Sin embargo, los cambios que se solicitan sólo serán posibles si en materia de transporte aéreo las autoridades insulares adoptan una posición común, basada en una reclamación sin cesiones, con argumentos y con la presión necesaria para, por fin, obtener resultados.
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