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Se ha instalado en la sociedad insular una sensación pesimista con relación al transporte aéreo. A pesar de que sigue siendo un servicio básico con carencias importantes para un ámbito insular, la reivindicación de mejoras se ha trasladado a un segundo plano social y político. Las estrategias de las compañías aéreas, acuciadas por la crisis y con dificultades para alcanzar el umbral de rentabilidad, buscan incrementar los ingresos y por ese motivo cobran por la segunda maleta, a veces cantidades superiores al precio de un billete. No se puede imponer a las compañías un trato comprensivo con los problemas de los menorquines, habrá que exigirlo a las administraciones públicas. Se ha demostrado que soluciones a medias al final sólo sirven a medias, como es el caso de la declaración de servicio público. Hay que volver a enfocar el problema e intentar que las administraciones lo comprendan, que lo entiendan. El transporte aéreo es vital, no sólo para la economía doméstica de los residentes, sino para la economía global de una Isla, con el tamaño que tiene Menorca. Al igual que se compensan otras desigualdades, aquí hace falta aplicar un criterio de discriminación positiva a favor de Menorca.