El Parlament aprobó el martes una moción en la que se plantea reclamar para la Comunidad Autónoma los puertos de interés general de las Islas, de titularidad y gestión estatal. Todos los grupos parlamentarios apoyaron por asentimiento esta iniciativa, que supone abrir una nueva negociación descentralizadora con el Gobierno. Alcanzar un acuerdo con Madrid no va a ser fácil ni inmediato, aunque la propuesta viaja cargada de suficientes razones para ser tenida en cuenta.
El valor estratégico y logístico de los puertos para el desarrollo económico de una comunidad marítima justifica ese interés, agravado por un tratamiento fiscal poco consecuente con la circunstancia insular. Los sistemas de bonificación al transporte establecidos en la legislación española chocan con la normativa de Bruselas, de modo que su próxima eliminación conducirá a un flagrante agravio comparativo con respecto a l transporte continental. Por si fuera poco, el modelo actual de administración portuaria acumula críticas e insatisfacción por la aplicación de criterios que no atienden particularidades ni contribuyen siempre al desarrollo local, motivos que en conjunto avalan ese planteamiento de promover una gestión más cercana.
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