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El pleno del Ayuntamiento de Maó reclama a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y al Gobierno central garanticen la continuidad de los contratos de los inquilinos en los pisos de las calles Pintor Calbó y Maria Lluïsa Serra. La Sareb retira la comercialización de los 48 pisos habitados y prevé que este año pasen a manos de la sociedad estatal de vivienda. La denuncia de «Es Diari» ha logrado detener la venta de estos pisos. Es un paso importante, pero lo relevante consiste en que los inquilinos, con alquileres en varios casos por debajo de los valores del mercado, tengan prioridad cuando se incorporen al parque público de viviendas sociales. Un proceso que plantea numerosas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué criterios se aplicarán para acceder a esta oferta de viviendas sociales en Maó? ¿cuándo se ofertarán?, ¿tendrán prioridad los actuales inquilinos? Hay otras realidades a valorar con más de 600 personas en el municipio que llevan años inscritas en las listas de solicitantes del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) a la espera de acceder a una vivienda a precio asequible. Una situación complicada y de difícil gestión.