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Aparcamientos, trasteros, sótanos y espacios que no se habían construido con uso de vivienda se han convertido en minúsculos e insalubres apartamentos que se alquilan por cifras disparatadas. Prácticamente todos están arrendados por trabajadores que no tienen otra posibilidad que vivir en infraviviendas, o por inmigrantes o familias con escasos recursos económicos, que se cohabitan con otras personas y malviven. Estas construcciones, en la mayoría de los casos, carecen de ventanas y son húmedas y oscuras. En algunas, existe deterioro estructural y hay riesgo de derrumbe por la aluminosis. Los compartimentos que se alquilan son auténticas madrigueras.

Es otra evidencia de la emergencia habitacional y la dificultad de hallar vivienda digna a precio asequible, que se ha convertido en un objetivo cada vez más inalcanzable. Las administraciones no pueden quedarse con los brazos cruzados y mirar hacia otro lado, mientras cientos de familias malviven en infraviviendas de pocos metros cuadrados y escasa ventilación, ubicadas en el subsuelo. El drama de la vivienda, también en Menorca, constituye una pesadilla para los más desfavorecidos. Los políticos tienen la obligación de velar por los derechos de estas víctimas de la especulación salvaje, para evitar que sea vulnerada su dignidad.