Cada verano se producen quejas de residentes o turistas por ruidos de obras públicas o privadas durante su periodo de descanso o de vacaciones. Casi todas las ordenanzas municipales limitan las actividades de construcción durante julio y agosto, aunque en cinco municipios no se prohíben.
El derecho a la calma debería garantizarse, no solo con las normas que limitan el ruido sino con una gestión eficaz de las administraciones y una labor de control más intensa. No se trata de un tema menor, ya que la imagen turística de Menorca también se alimenta con la experiencia de los que visitan la Isla en plena canícula.
Las asociaciones de empresarios de construcción también plantean sus derechos, más allá de la calma en julio y agosto, que comprenden. Pero para periodificar los trabajos deberían contar con el apoyo de los ayuntamientos en los plazos de concesión de licencias o facilitar horarios para que puedan llevar a cabo jornada continuada. En definitiva, se trata que el derecho a la calma sea un objetivo de las administraciones públicas, mejorando los protocolos de actuación, poniendo los medios y adoptando medidas que sean preventivas y no solo sancionadoras.
