Las exigencias y requisitos que impone la Administración -en este caso el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)- acaban provocando un atasco burocrático que impide ejecutar inversiones promovidas desde la empresa privada. Es el caso de la gran mayoría de parques solares impulsados en Menorca al amparo de las ayudas públicas de este organismo adscrito al ministerio para la Transición Ecológica.
El IDAE está comunicando a los promotores que deniega las ayudas aprobadas por el incumplimiento de los plazos establecidos. Pero en el departamento que dirige la ministra Teresa Ribera no tienen en cuenta que las demoras para justificar las inversiones se deben, en gran medida, a las laberínticas y engorrosas tramitaciones burocráticas.
En este momento solo dos de las doce plantas fotovoltaicas proyectadas en Menorca han logrado superar todos los hitos marcados en la convocatoria. Los otros doce parques, además de la negativa a recibir las ayudas que esperaban, verán incautados los avales que habían depositado. Todo apunta a una larga y enrevesada batalla legal contra el gran Leviatán de la Administración.
