Editorial26/06/24 4:00
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El acuerdo que alcanzaron ayer en Bruselas PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva caducado más de cinco años, ha de reforzar la independencia de los jueces y los magistrados. La Comisión Europea había advertido repetidamente sobre la situación del Estado de Derecho en España. Ahora llega el momento de la verdad para transformar en realidad el acuerdo entre populares y socialistas. Mientras la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirma que los avances dependerán de que existan «condiciones y garantías» para que la independencia judicial esté asegurada y que «los jueces sean elegidos por los jueces», el ministro Félix Bolaños, estima que los veinte nuevos vocales y los doce suplentes del CGPJ podrán empezar a trabajar en julio «con plena legitimidad y con un mandato por delante para llevar a cabo su misión».

Este acuerdo cierra una insólita anomalía institucional y constitucional para que la Justicia funcione con normalidad, sin politizaciones y sin intromisiones de otros poderes. La propuesta que han cerrado el PSOE y el PP incluye que hay que contar con al menos tres quintas partes del nuevo Consejo, lo que refuerza la necesidad de consensos en el gobierno del poder judicial. Ahora no se puede demorar el debate y las medidas para mejorar la forma de elegir a los vocales del CGPJ.