La Asociación de Constructores de Balears, en una comparecencia ante los medios que contó con la participación del vicepresidente menorquín Clemente Olives, denunció ayer que se agrava el problema habitacional en las Islas con un déficit de 35.000 viviendas. Un problema que se acentuará por el aumento de la población.
Para resolver el primer problema social de Balears, en los próximos trece años sería necesario poner en el mercado de venta y alquiler 10.300 viviendas anuales para equilibrar la demanda y la oferta ante el incremento demográfico. A la caída de la obra pública, que se desplomó el 2023 un 42 por cien, hay que añadir, en la inversión privada por islas, la bajada del 23 por cien registrada en Menorca. En conjunto, nunca se había construido tan poco vivienda en el Archipiélago, a pesar de estar inmersa en una acuciante emergencia habitacional.
El mensaje de los constructores es preocupante: la vivienda en Baleares seguirá siendo cara y escasa al faltar suelo edificable, por las restricciones urbanísticas y por el alto coste, que -sin incluir el suelo- se sitúa en 380.000 euros. ¿Por qué no se aplican medidas inmediatas y actuaciones eficaces para atajar este problema?
