Editorial20/03/24 4:00
TW

El Govern de Marga Prohens promueve la legalización de las edificaciones ilegales construidas en suelo rústico cuyas infracciones ya hayan prescrito. Para en ello exigirá el pago de sanciones cuya cuantía se determinará en función del volumen y superficie que hayan construido. Es la misma filosofía del ‘decreto Company', que fue aprobado durante el Govern 2011-2015 al ser impulsado por el entonces conseller de Agricultura, Medi Ambient i Territori. Esta medida formará parte del decreto de simplificación administrativa anunciado por la presidenta Prohens para agilizar trámites y conseguir una gestión administrativa más eficaz con menos papeleo y burocracia.

La cuestión clave para legalizar estas edificaciones ilegales construidas en suelo rústico consiste en que las administraciones ya no pueden actuar porque, por el tiempo transcurrido, han prescrito las infracciones. Estos edificios se hallan hoy en un limbo legal al no ser posible ordenar su demolición pero tampoco se pueden llevar a cabo obras de mejora. En Menorca permitirá legalizar los hortals cuyas infracciones estén prescritas. Esta iniciativa del Govern no puede interpretarse como una llamada a cometer nuevas infracciones. Hoy existe más control sobre las obras en suelo rústico. Es una medida excepcional para legalizar lo construido hace años porque ha prescrito.