Editorial09/12/23 4:01
TW

El ejercicio de las competencias de planificación urbanística, en manos de diferentes administraciones, provoca discrepancias e incoherencias, como el que se produce ahora en el municipio de Ciutadella. Chirrían y se contradicen las previsiones de crecimiento contenidas en el nuevo Plan Territorial Insular, revisado con diez años de retraso; y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuya revisión es un despropósito. Así, mientras el plan municipal prevé la creación de 5.224 plazas, el documento insular las reduce a 2.224.

El resultado es un nuevo contencioso contra el PTI que se dilucidará, sine die, en los tribunales, con los costes para ambas instituciones de las minutas de los abogados y los procuradores. En este laberinto jurídico, donde también interviene el Govern a través de la dirección general de Recursos Hídricos, cabe poner el acento en la inaceptable demora que acumula la revisión del Plan General de Ciutadella. Iniciada el 2016, y con la aprobación inicial acordada en 2018, se superpone la vigencia de dos planes urbanísticos municipales: el de 1991 y el 2016, dado que el 2021 acabó la suspensión de licencias. Un galimatías que perjudica a los ciudadanos, promotores e inversores.