El anuncio de la expropiación de 56 viviendas en Balears, efectuado por el Govern, ha desencadenado una tormenta política que ha llegado al ámbito estatal. El PP considera que incurre en la incautación, mientras que el PSOE argumenta que trata de resolver el problema de la falta de vivienda en las Islas. Y CAEB tilda de «efectista» y «engañoso» el anuncio, al mismo tiempo que advierte que genera inseguridad jurídica y ahuyenta a los inversores.
Con todo, el acceso a 56 viviendas no resuelve la falta de vivienda pública y asequible en Balears. El problema es mucho mayor por lo que nos hallamos ante un mero gesto, quizá un primer paso para calibrar su efecto jurídico y económico. En estas cuestiones no conviene actuar a corto plazo como hace el Govern, que no puede trasladar a los propietarios, sean bancos o fondos de inversión, la fórmula para resolver la falta de vivienda en las Islas cuando hay muchas otras alternativas previas, desde la gestión de su propio parque hasta la oferta de parcelas de titularidad pública que no se libran del interés especulativo de las instituciones. Frente a la necesidad se opta por el método más fácil y mediático, quizá el menos eficaz.
