La propuesta de incautación de los remanentes municipales por parte del Gobierno, bloqueados por la ‘ley Montoro' para cumplir con las exigencias de déficit público impuestas por la Unión Europea, fue rechazada por todos los grupos de la oposición en el Congreso y evidenció la minoría de la coalición gubernamental del PSOE y Unidas Podemos. El poder municipal cegó las pretensiones de desvío de sus recursos financieros a las arcas del Estado.
La estrategia de PSOE y UP cosechó un estrepitoso fracaso, porque la falta de diálogo con los ayuntamientos provocó la negativa en redondo a transferir al Gobierno las reservas financieras obtenidas con la tributación de los vecinos. La Moncloa no ha sabido gestionar. El problema del coronavirus no se puede resolver por la vía de la imposición. Lo ocurrido ayer puede ser el preludio de otro episodio: los presupuestos generales del Estado. La aprobación de este trascendental documento –que debe incluir las claves para afrontar la crisis– pone sobre la mesa la estabilidad del Gobierno. Las incompatibilidades a la hora de obtener apoyos puede acabar resultando otro obstáculo insalvable para Pedro Sánchez.
