Cerca de doscientas mil personas de la comarca leridana del Segrià -38 municipios- quedaron, desde ayer a mediodía, confinadas por orden de la Generalitat catalana. La decisión es la primera que se produce en todo el Estado tras el fin del estado de alarma y confirma, por desgracia, las advertencias de que el coronavirus sigue siendo un peligro sanitario.
La proliferación de nuevos casos, con una progresión casi geométrica en las últimas semanas, han desencadenado la adopción de las medidas más severas para contener la expansión del virus, las cuales podrían prolongarse durante dos semanas. Las razones deben ser, ahora, objeto de estudio para poder prevenir situaciones similares en otras zonas del país.
No resulta difícil imaginar el impacto catastrófico que tendría para Balears el tener que adoptar una medida similar a la de Lleida. El riesgo existe y crece en la misma medida que no se respetan las normas básicas de control para evitar la expansión del virus, circunstancia que obliga a redoblar los esfuerzos de cribaje en los aeropuertos y puertos de las Islas, ahora que se han abierto las fronteras. Tampoco puede obviarse el comportamiento de los residentes, las aglomeraciones de las últimas semanas son una prueba de que la tarea de concienciación ciudadana tampoco se puede dar por concluida.
