El pleno del Consell vivió ayer otro debate sobre las obras de la carretera Maó-Alaior tras la inesperada decisión, anunciada por el gobierno del Consell, de derribar una de las estructuras ya construidas para mejorar el tráfico rodado con circulación a doble nivel (Rafal Rubí), y, en cambio, amnistiar el puente de L'Argentina, que había sido sentenciado en 2015 por PSOE, Més per Menorca y Podemos.
Pero cinco años después se cambia el criterio y las obras en L'Argentina se concluirán, como hizo el mismo gobierno tripartido durante el anterior mandato con el puente en el desvío hacia Alaior. Ya no se invocan los informes redactados por el mismo Consell sobre el riesgo de inundación que provocaba la estructura de L'Argentina, lo que motiva numerosas preguntas sobre la solvencia de estos dictámenes. Los menorquines siguen, entre atónitos y preocupados, los vaivenes y los planteamientos cambiantes de quienes tienen, al desempeñar el gobierno de la primera institución menorquina, la responsabilidad política de adoptar decisiones solventes. Habrá costes por la demolición, pero continuamos sin conocer el planteamiento global y final para unas obras que se eternizan.
