Varapalo judicial para la maltrecha tesorería de la Comunidad Autónoma que ahora, por sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Balears, deberá pagar al Estado 46,3 millones de euros por el rescate de las desaladoras de Ciutadella y de Eivissa. El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, califica de «injusta» esta resolución judicial que será recurrida y reclama una «solución política» para esta cuestión que enfrenta al Govern del Pacte con el Gobierno PSOE-Unidas Podemos.
En mayo de 2016, con el primer Govern Armengol, se firmó el documento por el que la Comunidad Autónoma obtuvo el uso y explotación de estas desaladoras tras haber indemnizado el Gobierno central en diciembre de 2013 con 45,3 millones a las concesionarias. A pesar de afirmar la anterior consellera de Hacienda, Catalina Cladera, y la presidenta Armengol que Balears no pagaría estos sobrecostes, el Tribunal Superior de Balears ha dado la razón al Estado, que invoca una cláusula de la cesión firmada en 2016 por Joana Garau, que hoy sigue como directora general de Recursos Hídricos. ¿Logrará el Govern del Pacte convencer a Pedro Sánchez y a Teresa Ribera para que pague el Gobierno?
