El incremento de la morosidad en los alquileres de las viviendas gestionadas por el Govern a través del Ibavi, que se ha multiplicado por cuatro desde 2012, evidencia que, a las dificultades para acceder a un domicilio digno en Balears, hay que añadir el problema del coste. Ya no se trata de construir vivienda pública -durante la anterior legislatura no se edificó ninguna y solo se adquirieron y reformaron 18 en todo el Archipiélago-, sino de fijar unos precios asequibles, tanto para el régimen de alquiler como quienes optan por acceder a la propiedad vía hipoteca.
La Conselleria de Vivienda no dispone hoy de datos sobre cuáles son los precios en Balears y la última actualización en su página web sobre este dato relevante es del 28 de junio de 2013. Han transcurrido más de nueve años, los precios han registrado un crecimiento constante y mantenerlos ocultos no es acertado ni trnasparente. El derecho a la vivienda digna exige reducir los precios en Balears, incrementado por la presión del alquiler turístico; que la Conselleria de Vivienda pague las ayudas al alquiler de 2018; valorar la viabilidad -en el ámbito estatal- de limitar el precio de los alquileres e impulsar beneficios fiscales a los propietarios que alquilen a precios razonables; y recalificar solares destinados a equipamientos que ya no son necesarios.
