La Oficina Anticorrupción pierde credibilidad y duplica funciones

Una propuesta legal, pero sin justificación en una comunidad como Balears cuyo derecho foral consagra la separación de bienes. La oficina que dirige Jaume Far incomoda con esta ‘recomendación' porque, puestos a aplicar políticas preventivas sobre la hipotética corrupción de diputados autonómicos, consellers y altos cargos institucionales, cabe preguntar a Far por qué no solicita también las declaraciones de IRPF y Patrimonio de padres, hijos y hermanos. Nos hallamos ante una extralimitación de funciones que resta credibilidad y seriedad a la Oficina Anticorrupción. Una institución que fue mero gesto político del Govern. Al mismo tiempo genera duplicidad con el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, que cuenta con los recursos necesarios.