El Govern ha incoado expedientes sancionadores a bancos y fondos de inversión al no haber inscrito 146 desocupadas de las que son titulares. Supone una advertencia seria a los grandes tenedores, aunque la Conselleria de Territorio y Movilidad, que dirige Marc Pons, admite que hay 5.731 inmuebles que no se han inscrito en el Registro de Viviendas Desocupadas.
Este registro fracasa por el rechazo que genera su aplicación, por lo que cabe preguntar si solo a base de sanciones se conseguirá revertir la situación. Porque lo razonable consiste en alcanzar acuerdos para canalizar la colaboración de los propietarios con la Administración. La normativa se incumple de manera sistemática -bancos y fondos de inversión interpretan la norma autonómica como una incautación encubierta- mientras el problema de la vivienda en Balears sigue creciendo. Llama la atención que, a pesar del incremento del presupuesto gestionado durante este mandato, el Govern del Pacte no haya inaugurado ninguna vivienda de protección oficial.
La gran demanda de vivienda en las Islas -sobre todo de jóvenes- exige respuestas y medidas ágiles cuya aplicación no se puede seguir demorando más.
