Con el anuncio de la entrada en funcionamiento de la desaladora de Ciutadella en enero, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue reclamando los 20,2 millones de euros por el rescate de estas instalaciones.
El Ejecutivo socialista se niega ahora a retirar el recurso interpuesto por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. En 2016 el Ministerio de Medio Ambiente registró una reclamación judicial ante la Audiencia Nacional al considerar que corresponde al Govern de la Comunidad Autónoma pagar los sobrecostes y el rescate de las concesiones, por valor de 46 millones de euros, de las desaladoras de Santa Eulàlia (Eivissa) y Ciutadella, terminadas hace una década y sin funcionar.
El PSIB-PSOE y Més ya manifestaron su desacuerdo con el pago de los 20,2 millones de euros, por lo que ahora el Gobierno del PSOE tiene una magnífica oportunidad para retirar un contencioso al que debe hacer frente el Govern del Pacte.
Al mismo tiempo, cabe esperar que no surjan más contratiempos -publicación de la ordenanza con las nuevas tarifas de agua potable y firma del convenio con el Abaqua- para que la desaladora entre en funcionamiento el próximo enero.
