El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limitó ayer a manifestar la «intención» de dotar a Balears de un Régimen Especial en 2019 en la reunión que mantuvo con Francina Armengol. Un anuncio que se inscribe en los márgenes de posibilismo con que se maneja el Ejecutivo del PSOE, en situación de minoría parlamentaria y que gobierna a golpe de decreto ley.
Lo importante es el REB no quede atascado. A solo dos meses para que acabe el año, la excesiva inconcreción de Armengol para explicar el resultado de su encuentro con Sánchez levanta suspicacias, aún cuando forma parte de una estrategia de política informativa.
El proyecto del REB, que debe ser aprobado mediante un decreto ley, consolida el descuento del 75 por ciento para residentes e incorpora ayudas a la competitividad empresarial. Se anuncia como novedad un factor corrector de la insularidad para situar a Balears en la media de las inversiones estatales, a lo que ya obliga el Estatut. Pero persisten las dudas sobre la dotación presupuestaria para el fondo de insularidad. Nos referimos a 400 millones de euros sobre los que hay ninguna noticia. Es preciso cuantificar este REB y definir ya su calendario.
