El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un decreto ley para que la liquidación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas corra a cargo de las entidades financieras. Con esta medida pretende contrarrestar la inédita decisión del Tribunal Supremo que reinterpreta una reciente sentencia en sentido contrario.
La ausencia de la retroactividad y la certeza de que el tributo será repercutido a los clientes, de un modo u otro, explican la tranquilidad con la que han acogido los mercados bursátiles el nuevo criterio del Supremo. El impacto económico del impuesto -cuya recaudación está transferida a las autonomías-, se cifra en miles de millones. Solo en Balears afecta a 60.000 contribuyentes, con una media de 4.000 euros.
La confusa redacción de la ley, que no detalla quien es el sujeto pasivo, ha creado este gran embrollo jurídico y político. Es hora de reclamar a los políticos más transparencia y evitar dobles juegos. Si consideran que este impuesto es una carga excesiva para los ciudadanos que formalizan una hipoteca, procede suprimirlo. Pretender que los bancos no lo repercutan a sus clientes constituye un ilusionismo dialéctico que no convencerá a nadie.
