Editorial13/07/18 22:14
TW

La decisión del tribunal regional alemán de Schleswig Holstein de conceder la extradición del expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, solo por el delito de malversación, excluyendo el más grave de rebelión, supone un duro golpe para las tesis del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El revés judicial también tendrá consecuencias políticas. El auto será, con toda probabilidad, rechazado por el Supremo, lo que conduce a la renuncia de la euroorden dictada contra Puigdemont, una medida que le obligaría a seguir residiendo en el extranjero.

El criterio expresado por los jueces alemanes es similar al manifestado por los belgas al considerar que no se ha acreditado violencia promovida por la Generalitat en el proceso independentista. Ello invalidaría el delito de rebelión que se imputa a los responsables políticos y abre dudas sobre la prisión preventiva para los exconsellers, la expresidenta del Parlament y los dirigentes de Omnium y ANC. España no puede violentar los acuerdos de la UE, aunque supongan un serio contratiempo. La solución del conflicto catalán exige alejarse de quienes apuestan, en un otro y otro bando, por la radicalidad.