El auto de la Audiencia Provincial de Navarra que decreta la libertad provisional, bajo fianza de 6.000 euros, para los cinco integrantes de La Manada ha reavivado la polémica sobre el caso. Todo el proceso judicial se ha desarrollado bajo un contexto de gran presión social y mediática. La indignación ciudadana fue en aumento a medida que se conocieron los detalles de la agresión grupal a la joven, aunque la sentencia contó con un voto particular absolutorio de uno de los integrantes del tribunal.
Ahora, la magistrada Raquel Fernandino, que apoyó las tesis condenatorias de La Manada, defiende la libertad condicional y deja en minoría la posición del presidente, José Francisco Cobo. Todo ello alimenta, todavía más, el escepticismo de amplias capas de la sociedad española sobre el correcto funcionamiento de la Justicia.
Se comprende todo el desconcierto que provoca el auto de la Audiencia de Navarra porque da a entender la eventual endeblez de algunos de los argumentos sobre los que se sostiene la sentencia, fallo del que todavía se debe pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra cuando analice los recursos. Las numerosas reacciones que el caso ha provocado dan para una reflexión profunda.
