La detención, en Alemania, del cesado presidente de la Generalitat. Carles Puigdemont, complica su horizonte judicial y la estrategia de internacionalización del desafío soberanista catalán. La orden dictada por el juez Llarena, con eficacia en todo el territorio UE, ha acabado con el juego del gato y el ratón que el político independentista mantenía con la Justicia española, que ahora se ha revelado como poco sólida y errónea.
La huída de Puigdemont a Bélgica, país donde tenía garantizado un blindaje jurídico contra la extradición a España, era justificado por los secesionistas como la fórmula adecuada para mantener en jaque al Estado español. Este plan ha sufrido un serio revés porque ahora al futuro del hombre que se negó a convocar elecciones, lo que provocó la aplicación del 151, está en manos de jueces alemanes.
El código penal germano prevé severísimas penas de cárcel para el delito de alta traición, que motivaría la extradición a España. El movimiento independendista catalán decidirá ahora cómo reacciona a la detención de Puigdemont, un hecho que acentúa la profundidad política y social de la brecha en Catalunya. Para cerrarla son precisos los esfuerzos de todos.
