Decenas de miles de personas salieron a la calle en numerosas ciudades españolas, entre ellas Ciutadella y Maó, para reclamar unas pensiones dignas. Esta protesta ha estallado por la revalorización del 0,25 por ciento y las manifestaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que han apoyado los planes de pensiones privados para garantizarse unos ingresos suficientes en el momento de la jubilación. La torpeza política del Gobierno ha indignado a un sector de la población sobre la que había recaído, en los últimos años, buena parte de las consecuencias de la crisis.
El Gobierno no valoró el impacto que ha provocado la carta a los pensionistas con el anuncio de la subida del 0,25 por ciento, una broma de mal gusto para quienes llevan perdiendo poder adquisitivo. El colectivo de pensionistas se ha convertido en el apoyo económico de muchas familias gracias a las pagas aseguradas de sus mayores.
Hay preocupación por el futuro de las pensiones. El actual sistema público requiere una revisión completa para garantizar prestaciones dignas, tanto en los importes como en su revalorización. Para ello es preciso un sólido consenso político entre todas las formaciones con responsabilidad en el Congreso de los Diputados, lo que incluye y atañe también a los partidos de la oposición, que han alentado las protestas ciudadanas.
