El avance de la revisión del Plan Territorial Insular -o sea, el documento que regula todos los aspectos relacionados con la calificación y ordenación de los usos del suelo en Menorca, así como numerosas actividades- ha sido aprobado esta semana con los votos a favor de los partidos que forman el actual gobierno tripartito del Consell (PSOE, Més y Podemos), el Institut Menorquí d'Estudis, el GOB y el Colegio de Aparejadores.
Se pronunció en contra el PP, se abstuvo el Colegio de Arquitectos y no acudieron los representantes del Colegio de Ingenieros ni de los municipios. Este resultado pone de manifiesto que, como ya ocurrió con el PTI de 2003 -objeto de numerosas alegaciones y recursos- no se ha alcanzado un acuerdo político que garantice su continuidad y aplicación. El hecho de no contar el nuevo PTI con el apoyo de la primera fuerza política menorquina, hoy en la oposición, suscita numerosas dudas, porque un instrumento de planificación de esta naturaleza, para adquirir plena eficacia y autoridad normativa, debería tener vigencia más allá de los cambios políticos que puedan producirse cada cuatro años. La ordenación territorial es una cuestión de estado para Menorca.
