El coste electoral de la acción del Govern contra la oferta ilegal

El alquiler turístico vacacional ha registrado estos últimos años un gran auge en Balears para dar respuesta a la creciente demanda de esta oferta de alojamiento fuera de los establecimientos hoteleros. Una actividad que debe ser regulada.

La actuación de los inspectores de Turismo plantea un espinoso problema político, porque una parte de quienes se dedican al alquiler ilegal son pequeños propietarios de clase media con niveles de renta no muy elevados. Los ingresos que obtienen con estos alquileres les permite seguir adelante sin estrecheces. La izquierda en el poder asume el riesgo de pagar un alto coste electoral porque sin una web que les anuncie, muchos dueños de inmuebles tendrán dificultades para alquilar. Hay maneras de burlar la ley y está en vigor la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los próximos meses serán decisivos.