El Govern acaba de anunciar la creación de una plataforma digital para facilitar las denuncias de aquellas viviendas y pisos en los que se sospecha que se destinan al alquiler turístico de manera ilegal. Una decisión que forma parte de la estrategia de atemorizar a los propietarios que optan por esta práctica irregular. Es un fenómeno mundial que ha registrado en Balears un extraordinario crecimiento. Menorca también presenta numerosos casos.
La tormentosa tramitación de la ley -que ahora abre un plazo de un año para que consells y ayuntamientos definan las zonas donde estará autorizado el alquiler vacacional- evidencia la polémica política y social de esta cuestión. Propiciar que sean vecinos y particulares quienes asuman el control de esta actividad se convertirá en una fuente de conflictos.
Este control no se puede basar en la delación vecinal porque provocará enfrentamientos y deterioro de la convivencia. Govern y Consells deben asumir sus responsabilidades. La ordenación del alquiler vacacional en los edificios plurifamiliares, ilegal con la ley autonómica, no debe estar reñida con el derecho a poder alquiler con determinados requisitos.
