El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido que cada semana técnicos del Ministerio de Hacienda controlarán los gastos de las instituciones autonómicas catalanas para evitar que destinen recursos públicos a financiar el referéndum que la Generalitat quiere celebrar el 1 de octubre. Una medida sin precedentes que evita la aplicación del artículo 155 de la Constitución y supone, de facto, una intervención de baja intensidad en el autogobierno de Catalunya.
El Gobierno Rajoy se mantiene inalterable. Si la Generalitat mantiene su actitud de desobediencia a los requirimientos del Tribunal Constitucional, el siguiente paso consistirá en el bloqueo de los pagos a Catalunya del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que significa recortar la capacidad económica de las instituciones catalanas. Porque sin dinero no hay referéndum. El Gobierno central podrá entorpecer, incluso impedir, el referéndum in dependentista del 1-0, pero no resuelve el problema político catalán. Es imprescindible que ambas partes pongan la mesa fórmulas que permitan desencallar un conflicto que divide a la propia sociedad de Catalunya. La tensión no aporta soluciones, es preciso el diálogo.
