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La actividad en los principales puertos españoles está seriamente amenazada por los paros que han convocado los estibadores con el resultado de graves problemas de abastecimiento. La huelga tiene su origen en el desacuerdo de estos trabajadores portuarios con la aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en diciembre de 2014 condenó a España al ser contrarios al Tratado de la UE aspectos relevantes de la regulación de la estiba en la Ley de Puertos. Esta modificación legal, que es obligatoria, determina que las empresas puedan contratar libremente a sus trabajadores. Ya ha acarreado una multa de 21,5 millones de euros.

Las sociedades de gestión de estibadores portuarios detentan el monopolio en las labores de carga y descarga de mercancías. Los paros pueden tener un efecto letal para la economía española y una mayor incidencia en una región insular como Balears al dejar inmovilizados miles de contenedores. Es preciso alcanzar un acuerdo que implica flexibilizar las condiciones para la contratación de los estibadores, cuyo sueldo medio asciende a 68.000 euros anuales. Menorca tiene mucho juego en este conflicto laboral.