El juez que ha investigado las irregularidades detectadas en la concesión y adjudicación de amarres por los antiguos responsables de la Autoridad Portuaria de Balears ha ordenado la apertura de juicio oral contra trece imputados, como autores responsables de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, alteración de concursos y organización criminal.
Entre los investigados se encuentra el ingeniero menorquín Francesc Triay Llopis, exsecretario general del PSIB-PSOE, que presidió entre 2007 y 2011 el ente gestor de los puertos del Estado en Balears. La investigación judicial ha concluido que quien fue director de Autoridad Portuaria de Balears, Angel Matías, ofreció al Club Marítimo de Mahón alterar el concurso público para adjudicar los amarres del Moll de Llevant del puerto mahonés a la entidad náutica. El amaño implicaba la renuncia de Trapsa, empresa gestionada por el expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ya condenado por la quiebra fraudulenta de Marsans. A cambio, Trapsa recibiría una compensación del Club Marítimo y la adjudicación de otros amarres en Eivissa. La Justicia debe llegar al fondo.
