El alquiler de viviendas vacacionales desborda a la Conselleria de Turismo del Govern y afecta a la economía del archipiélago. Los empleados de temporada encuentran serias dificultades para alquiler un piso a precios asequibles. La cuestión se agrava porque buena parte de la oferta de estas viviendas entra de lleno en la economía sumergida. Las casas no declaradas distorsionan el mercado.
En la Conselleria de Turismo no hallan la fórmula que obligue a dar de alta todas las edificaciones que se dedican al alquiler vacacional. Está en juego el equilibrio del sector en su conjunto y también la correcta aplicación del nuevo Impuesto para el Turismo Sostenible, antes ecotasa. Si el Govern no logra una eficaz regulación, este impuesto no será turístico, sino exclusivamente hotelero y el concepto sostenibilidad se convertirá en una broma de mal gusto. El tiempo corre en contra. Para solucionar este problema es imprescindible la participación de los ayuntamientos. Al mismo tiempo, exigir la licencia de actividades -competencia municipal- a todos los que se dediquen al negocio del alquiler vacacional. La duda es si habrá acuerdo político al afectar a miles de propietarios.
