El Govern del Pacte promueve la modificación del Estatut d'Autonomia para acabar con el aforamiento de los diputados autonómicos. Esta iniciativa quiere situar a los parlamentarios al mismo nivel que el resto de ciudadanos ante la Administración de Justicia y acabar con el concepto de 'casta' y unos privilegios que los diferencian.
Los diputados deben poder expresarse con plena libertad en la Cámara autonómica al ejercer sus funciones como representantes de los electores. Un parlamentario, sobre todo los de la oposición, deben tener capacidad para 'cantarle las cuarenta' al Govern de turno en nombre del pueblo y sin temor a ser denunciado. Los parlamentos, al ejercer su función de control del gobierno, no puede funcionar bajo amenazas de querellas cuando se ejerce el derecho a la crítica.
Repugna la utilización de la impunidad en beneficio propio del que goza de un privilegio en función de un cargo de representación política. Un político investigado por corrupción no puede soslayar el juzgado de instrucción por su condición de aforado cuando hay indicios claros de ilícito penal.
Ningún parlamento puede proteger actitudes incívicas.
