La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que entró en vigor a finales de 2013, de obligada aplicación por el Consell y los ayuntamientos, presenta evidentes y graves incumplimientos en todas las administraciones locales de Menorca. Dos años después -plazo fijado para facilitar a los ciudadanos los instrumentos que exige la ley- las instituciones menorquinas no ofrecen la información, datos, contratos y subvenciones que están obligadas a difundir.
El gobierno tripartito del Consell incluyó en las medidas para los primeros cien días el compromiso de «crear un portal de transparencia, claro y accesible, para informar puntualmente a la ciudadanía sobre la situación en que se han encontrado las diferentes áreas del Consell insular», pero esta información no ha sido facilitada ni aparece en la web de la institución. Al mismo tiempo, el Consell de Menorca ve rebajada la calificación obtenida hace dos años -81,3 puntos y el puesto 19- en los índices de transparencia de las 45 diputaciones de España a los actuales 74,4 puntos y descender al puesto 36. Hay que pasar del voluntarismo a los hechos efectivos de la transparencia y la información.
