La mayoría independentista -en escaños, en el Parlament catalán- ha dado el primer paso para «desconectar» a Catalunya de España. A cincuenta días para las elecciones generales, ha movilizado al Consejo de Ministros, el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, se anuncian graves sanciones para la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, en lo que ya constituye el cuarto intento de Catalunya para crear su propio Estado desde 1873.
Quienes impulsan este proceso conocen la historia. Sorprende que se vuelquen en un proceso independentista cuando en las elecciones autonómicas no obtuvieron el 50 por ciento de los votos. Artur Mas se halla en una posición de gran debilidad al ser rechazo por la CUP y estar su partido, Convergència, acosado por los escándalos de corrupción que se investigan en sede judicial.
Las batallas políticas se ganan en los planteamientos, antes de librarse, y los sececionistas no tienen fuerza para «desconectar», jubilen o no jubilen a Artur Mas. Las tres grandes formaciones que rechazan la independencia -PP, PSOE y Ciudadanos- están llamadas a actuar después de las generales.
