Gobierno y oposición, unidos contra la onerosa sentencia Cesgarden

Con esta acción judicial, a partir del criterio fijado por el penalista Fernando Mateas, el Consell de Menorca quiere evitar el pago de 29 millones de euros por la «sentencia Cesgarden», dictada en mayo de 2011 por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justícia de Balears. Este mismo órgano judicial desestimó las pretensiones de la promotora  que reclamó once millones de euros más. La rigurosa investigación llevada a cabo por el anterior gobierno del Consell desveló un grave engaño: Cesgarden compró, un día antes de la aprobación del PTI de 2003, los terrenos a los que trasladaba los aprovechamientos urbanísticos. Esperemos que prospere la estrategia procesal del Consell y se logre anular la onerosa sentencia Cesgarden.