La denuncia del sindicato Comisiones Obreras sobre la supresión de 1.500 puestos de trabajo en la sanidad pública de Balears durante los últimos años, aunque las partidas destinadas a este servicio básico no han dejado de crecer, plantea numerosas incógnitas respecto a cómo son gestionados los recursos por la Administración autonómica.
El aumento del gasto sanitario no es percibido por los usuarios -ayer mismo publicamos que el Centro Canal Salat de Ciutadella registra demoras de 20 días en las citas para analíticas-, y en cambio hay más saturación y listas de espera. El colectivo profesional también ha salido perjudicado porque una mayor carga asistencial se reparte entre menos trabajadores. Aplicar criterios economicistas en áreas tan sensibles como la sanidad plantea severas contradicciones que los políticos pretenden resolver con fórmulas de réditos inmediatos.
Los recortes aplicados en la pasada legislatura en la sanidad pública en Balears no tuvieron los efectos deseados porque el presupuesto siguió creciendo, pero provocaron una evidente pérdida de calidad en la atención. Los pacientes son los principales perjudicados. Y hay que evitarlo.
