El Consorci de Residuos Sólidos de Menorca -formado por el Consell y los ocho ayuntamientos de la Isla- ha expresado su desacuerdo con la cantidad que, en concepto de tratamiento de los residuos de Milà trasladados a la incineradora de Son Reus, pretende cobrar el Consell de Mallorca. El conseller de Economía y Medio Ambiente, Fernando Villalonga, ha encargado dictámenes técnicos con los que sustentar la petición de las instituciones menorquinas.
La pretensión del Consell mallorquín para aplicar una tarifa de 131 euros/tonelada a los restos que se han trasladado a Son Reus resulta excesiva porque este material es, en realidad, «combustible sólido recuperado» al haber sido sometido a un pretratamiento durante el que se ha separado la materia orgánica y se ha reducido el porcentaje de humedad.
El producto resultante es similar al que se transporta desde Italia para ser incinerado en la planta mallorquina.
Es cierto que el Consell de Mallorca habrá ayudado a solucionar el problema que se originó con la acumulación de residuos por el cierre de la planta de Milà, pero debe reducir las tarifas y aplicar un precio inferior al que pretende cobrar.
