La denuncia presentada por la familia de la mujer que falleció tras ser arrollada en los Jocs des Pla de este año pretende exigir responsabilidades penales al exalcalde José María de Sintas cuando a quien debería dirigir su reclamación es al Ayuntamiento de Ciutadella, como administración que organiza las fiestas de Sant Joan. El Ayuntamiento ha de apoyar a De Sintas, quien tras afirmar que «una vida no vale un cargo», presentó su dimisión como primer edil.
Al mismo tiempo, corresponde a la institución municipal asumir sus responsabilidades y gestionar un acuerdo que evite un pronunciamiento en sede judicial de consecuencias imprevisibles. La vía penal puede abrir la puerta a una sentencia que obligue adoptar medidas cuyo alcance desconocemos, con directa repercusión sobre las fiestas de Ciutadela, además de una millonaria indemnización. En cualquier caso, toda esta cuestión se debe resolver por la vía civil, no la penal.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento debe redactar un plan que garantice la celebración de las fiestas de Sant Joan con seguridad y adecuadas medidas de protección. Ello exige valorar las propuestas y atender las indicaciones de los profesionales.
