El contrato social que una vez garantizaba estabilidad y oportunidades en España se ha fracturado. Diversos informes señalan que el país se enfrenta a desafíos económicos y sociales sin precedentes. Jesús Fernández-Villaverde advierte que nos encaminamos hacia un colapso económico y social si no actuamos de inmediato (1).
La crisis demográfica es el primer síntoma de este colapso. Con una tasa de natalidad de apenas 1,19 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional, España enfrenta un futuro donde cada vez habrá menos trabajadores activos para sostener a una población envejecida. Fernández-Villaverde señala que, en las próximas décadas, el gasto en pensiones podría absorber la totalidad del PIB si no se toman medidas drásticas (1). Este sistema insostenible deja a las nuevas generaciones en una situación de vulnerabilidad extrema. Pagamos impuestos elevados, trabajamos más horas por salarios más bajos y, aun así, nos enfrentamos a la posibilidad real de no recibir una pensión en el futuro.
Esta realidad golpea con fuerza a los jóvenes, quienes sienten que el esfuerzo ya no garantiza resultados. Comprar una vivienda se ha convertido en un sueño imposible. El precio medio de la vivienda ha aumentado un 42 por ciento desde 2014, mientras que los salarios apenas han crecido un 5 por ciento (2). Las políticas actuales no solo han fallado en resolver el problema, sino que lo han agravado, empujando a muchos jóvenes a vivir en condiciones de dependencia o precariedad.
La falta de oportunidades laborales agrava aún más la crisis. El desempleo juvenil en España supera el 27 por ciento, el más alto de Europa (3). Este estancamiento ha forzado a muchos jóvenes altamente cualificados a emigrar en busca de oportunidades. Exportamos talento mientras importamos mano de obra menos cualificada, creando desigualdades y debilitando nuestra economía. La fuga de cerebros, además de ser una pérdida de inversión educativa, perpetúa un círculo vicioso de estancamiento económico y pérdida de competitividad internacional (1).
El sistema de pensiones refleja una ruptura generacional sin precedentes. Los jóvenes se ven obligados a financiar un sistema insostenible, mientras saben que probablemente no recibirán las mismas prestaciones en el futuro. El número de cotizantes por pensionista ha caído de 2,7 en 1990 a solo 1,9 en 2023 (2). Con una población cada vez más envejecida, este modelo colapsará si no se implementan reformas urgentes.
La educación, pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, también muestra signos de deterioro. Según el informe PISA 2022, España ha obtenido sus peores resultados en matemáticas desde que la prueba comenzó en el año 2000, con 473 puntos, y ha retrocedido tres puntos en comprensión lectora, hasta los 474 puntos (4). Esta caída en la calidad educativa compromete seriamente la capacidad de las futuras generaciones para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Pero el problema no termina ahí. La deuda pública ha superado el 100 por cien del PIB, comprometiendo el futuro económico del país (2). Cada euro producido está hipotecado para pagar deudas pasadas, dejando poco margen para invertir en educación, sanidad e infraestructuras. Esta deuda nos condena a un presente precario y a un futuro incierto (1).
La pertenencia a la Unión Europea también ha traído desafíos. Aunque la integración europea ofrece estabilidad, la excesiva burocracia y las regulaciones impuestas desde Bruselas han sofocado la innovación y el crecimiento empresarial en España. En sectores clave como la inteligencia artificial, España se ha quedado rezagada, incapaz de competir con potencias como Estados Unidos y China. Fernández-Villaverde señala que España carece de una estrategia clara para liderar en tecnología, dejándonos atrapados en un modelo económico obsoleto (1).
Además, el aumento de la inseguridad y la polarización política ha erosionado la cohesión social. Las calles son menos seguras, las instituciones generan desconfianza y la crispación política impide el diálogo necesario para afrontar estos desafíos. Este ambiente de desesperanza aleja aún más a los jóvenes del sistema político y económico.
Ante este panorama desolador, la inacción no es una opción. Necesitamos reformas estructurales que modernicen el sistema de pensiones, impulsen la creación de empleo, reduzcan la deuda pública y apuesten por la innovación tecnológica. Debemos exigir políticas que promuevan la libertad económica, reduzcan barreras regulatorias y faciliten el crecimiento empresarial. Solo así podremos construir un futuro que devuelva la esperanza a los jóvenes.
Este es un llamado urgente a la acción. No podemos aceptar ser una generación perdida. Debemos ser la generación que restauró el contrato social roto y luchó por un país más justo y próspero.
Con la llegada del nuevo año, espero que 2025 sea el punto de inflexión para nuestra generación. Es el momento de despertar, de cambiar la opinión colectiva y de luchar activamente por un país mejor. No podemos seguir aceptando las condiciones actuales como inevitables. Es hora de que los jóvenes lideren el cambio que España necesita.
