La Sindicatura de Cuentas confirma las irregularidades de PSOE e IU en Alaior.
El Ayuntamiento de Alaior solicitó a la Comisión de Hacienda del Parlament de les Illes Balears, por acuerdo plenario de día 12 de septiembre de 2012, instar a la Sindicatura de Cuentas a fiscalizar 17 expedientes de contratación formalizados por el Ayuntamiento de Alaior durante el gobierno en coalición del PSOE e IU (2007-2011) y sobre los que se habían observado graves irregularidades.
El 11 de junio de 2013 la Comisión de Hacienda aprobó instar a la Sindicatura de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de nuestra comunidad autónoma, para que ésta revisara los contratos administrativos solicitados por el Ayuntamiento de Alaior.
El pasado día 27 de febrero de 2015 la Sindicatura aprobó su demoledor informe 102/2015, en el que se ponen en evidencia graves irregularidades e incluso delitos, que van desde dos casos de contratos verbales, en los que se han vulnerado todos los procedimientos de contratación y son considerados por la Sindicatura, nulos de pleno de derecho; pasando por contratos en los que los pliegos de cláusulas administrativas vulneran la legalidad o contratos en los que falta documentación imprescindible para poderse realizar dicho contrato, o varios casos de fraccionamiento, o contratos sin previsión de partida presupuestaria, etc.
El informe de la Sindicatura deja al descubierto un modus operandi de total impunidad por parte de los responsables socialistas y de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Alaior. Llegó un momento en que se creyeron que el Ayuntamiento era su cortijo particular, de forma que hacían y deshacían prescindiendo totalmente del cumplimiento de la Ley de contratos y saltándose a la torera los principios de transparencia, objetividad, libre concurrencia e igualdad.
Queda bien claro que los contratos estaban amañados desde el principio. Los propios pliegos de cláusulas administrativas estaban plagados de deficiencias, de ilegalidades y, en muchos de ellos, no existían las fórmulas imprescindibles para cuantificar los criterios de adjudicación. Todo estaba dirigido y tutelado para que el resultado de la adjudicación fuera el previsto inicialmente. Los años de gobiernos en coalición, entre socialistas e Izquierda Unida, fueron un caos absoluto, que desembocó en amiguismo y red clientelar, muy típico de los partidos de izquierdas.
Tampoco hubo ningún control de las obras ni del cumplimiento de las condiciones acordadas en el contrato. Tampoco se exigía documentación imprescindible para poder ser adjudicatario. En el caso de las obras financiadas por el Plan E, en las que era preceptivo conocer la documentación de los empleados contratados, ninguna de ellas cuenta con esta información. En otros casos, no hay constancia de que se haya presentado la póliza de responsabilidad civil o que las empresas adjudicatarias estén al corriente de pago en sus obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda, cuestión imprescindible para poder contratar con la administración.
Estamos ante un caso de corrupción sistemática. Alaior fue gobernada desde la falta de rigor y de transparencia, con contrataciones verbales y con fraccionamiento de contratos, cuestiones que son irregularidades graves e incluso delitos tipificados. El informe de la Sindicatura apunta, por tanto, a la posible comisión de un buen número de delitos y, por tanto, desde mi punto de vista, debe ser remitido a la Fiscalía anticorrupción para que se puedan depurar responsabilidades.
