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El caso CITUR es una cuestión de dinero, el que seguramente ha ido a parar a los bolsillos de algunos de los imputados. Se trata de dinero público, de las arcas municipales. El caso tiene base suficiente para que intervenga la Fiscalía y poder confirmar con más datos los indicios de corrupción que ya alumbró la comisión de investigación. Lo que parece descubrirse es una auténtica chapuza, con distintos grados de responsabilidad, no todos asignados hasta ahora. Las pruebas pretenden reafirmar una hipótesis sencilla: el Ayuntamiento pagó al ingeniero Daniel Aguiló la redacción de proyectos antes de que los expedientes administrativos contaran con las propuestas de presupuestos necesarias para adjudicar el trabajo a la mejor oferta. Esos pagos contarían con informes favorables de técnicos municipales, que tendrían responsabilidad en las posibles irregularidades. La Fiscalía podría disponer ahora, como fruto de las inspecciones, de los expedientes que demostrarían esta forma irregular de actuar por parte de la concejalía de Turismo, dirigida por Gabriel Cardona. Y el problema es que no se trata de un caso aislado, sino de casi todos los expedientes. La irregularidad no fue la excepción, sino la norma.

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La investigación y las pruebas han de servir para asignar responsabilidades, ya que no pueden aplicarse de forma genérica. Por ejemplo, en el caso del exalcalde, Llorenç Brondo, que firmó el pago de las facturas. ¿Conocía que se estaba cometiendo una irregularidad si en el expediente constaba el informe favorable del técnico municipal y del concejal del área? La responsabilidad política de Brondo seguramente era mucho mayor que la penal, sobre todo por haber depositado su confianza en el director del proyecto PP-PMQ, Avel·lí Casasnovas, la mano que meció el ritmo de ese peculiar gobierno.

Algunas voces critican la forma de actuar de la Fiscalía, el espectáculo mediático que alienta con su desembarco por sorpresa. Preocupa que detuviera a los imputados antes de obtener resultados de los registros en las oficinas de CITUR y en otras dependencias municipales, sin embargo habrá que esperar a ver las nuevas pruebas que ha conseguido. Que se respete su actuación, no significa que no pueda criticarse. ¿Sigue directrices políticas? No lo sé, pero me pregunto ¿dónde están los resultados de la operación policial que se desarrolló en secreto en Menorca cuando los ahora imputados estaban en el gobierno y Matas era todavía presidente? Todos sabemos que la Justicia es lenta, pero dicen que implacable. ¿Siempre?