Controlar a los controladores

Todo se les vino abajo el viernes por la tarde. Desconocían que el Gobierno había aprobado a mediodía unas medidas que se referían a los Controladores y que –al parecer– fueron la causa directa del abandono de sus puestos en lo que muchos consideramos una clara huelga salvaje. No entraré a valorar las razones jurídicas o sindicales que pueden alegar los controladores. Pero si valoro el daño grave infringido a mis compatriotas de a pie. Tras una tarde de tensiones y una madrugada no exenta de ellas, el Consejo de Ministros extraordinario de la mañana de ayer sábado, decretó el constitucional Estado de Alarma por un plazo de quince dias, consiguiendo la preceptiva firma del Rey por correo electrónico gestionada desde nuestra Embajada en Buenos Aires y remitió preceptivamente el texto al Congreso de los Diputados y al BOE para su publicidad. Contó este Consejo con la presencia del jefe de la Abogacía del Estado y del Fiscal General. Alguien tuvo que echar mano de archivos, viendo como se solucionaban problemas en otras épocas, en que el concepto de «servicio público esencial» estaba mas definido en nuestra legislación, y como resolvió Reagan en 1981 el pulso que le tendieron 13.000 de sus 17500 controladores aéreos. En 48 horas expulsó a 11.000 con un veto de por vida que les imposibilitaba trabajar en cualquier administración publica norteamericana.

No ha sido fácil el encaje jurídico, aunque operativamente ha funcionado. La Constitución cuando define estos estados –Art 116– los engloba en el Capitulo V que trata de las relaciones entre Gobierno y Cortes. Es curioso que este artículo siga al que trata de la disolución del Congreso. Es como si los padres de la Constitución pensasen mas en alarmas políticas que en alarmas causadas por colapsos de servicios públicos. No creo que en sus cabezas pensasen en los controladores. Es mas, en el propio articulo 116.5º cauteriza el sistema, al promulgar que «en tanto duren estos periodos, no podrán disolverse –precisamente– las Cortes». Ante la urgencia de buscar soluciones, está bien decidido el Estado de Alarma que no precisa autorización previa del Congreso como el de excepción, ni mayoría absoluta en dicha Cámara, si se trata de el de sitio.

Dos Leyes Orgánicas han entrado en juego. La que desarrolla el articulo 116 de la Constitución (4/81 de 1 de Junio) y el Código Penal Militar (L.O.13/85 de 9 Diciembre) que sustituyó al de Justicia Militar.

De la primera se ha definido la situación creada «el Gobierno podrá declarar el estado de alarma por paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad» (Artº 4c) y ha resuelto el tema de la «autoridad competente» nombrando al Jefe de Estado Mayor del Aire como responsable. Todo el texto de la Ley reafirma las decisiones tomadas que prevén «intervención de servicios» y «movilización de personal». Mas delicada es la interpretación del Código Penal castrense. Se habló en principio de «sedición» y se ha ido derivando a «desobediencia».

El primer concepto es mas grave, pero tiene connotaciones mas militares –se habla de fuerza, dotación o tripulación que rehúsan obedecer–. Quizás esté mas adecuada la de «desobediencia» aunque esta pueda revestir gravedad en las penas, que oscilan entre los dos y seis años. En resumen, cuatro Ministerios involucrados –Interior, Defensa, Fomento y Presidencia–, varios gabinetes de crisis activados, el prestigio de España en entredicho, coste económico imprevisible hoy. Pero sobre todo gran coste humano en forma de incertidumbres, cansancios, nervios, desencantos, baja moral y autovaloración como sociedad. Deberíamos reflexionar seriamente todos. Los países no solo necesitan a personas que arreglen los problemas; necesitan a personas que eviten que los problemas se produzcan.

Mientras escribo estas líneas espero que la situación se normalice. En las Islas Canarias y nosotros las Baleares el drama se ha vivido con mas intensidad, porque las alternativas son mas complejas. Mientras nuestros hermanos del Ejercito del Aire –Mando y Control, Jurídicos, Médicos etc– cumplen su difícil misión, espero que seamos capaces de reaccionar para evitar una crisis mas. Con esta ya se ha tocado fondo. Y no hay mas alternativa que la de priorizar con respeto los servicios públicos, es decir a estas 300.000 o mas personas que deambulaban sin rumbo por nuestros aeropuertos y por aeropuertos de medio mundo. Otros derechos deben subordinarse sin la menor discusión. Las alternativas están señaladas por Reagan y por nuestros Códigos Penales.

Artículo publicado en "La Razón"