Momento en el que declara el hombre que acusa a su exmujer, sentada al lado. | M.J.U.

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El litigio por la casa que compartían en Ciutadella cuando fueron pareja se convirtió ayer, en cierto modo, en una vista previa de cara al juicio por sustracción parental y desobediencia al que se enfrentará la mujer, acusada de haber huido con su hijo a Bélgica a finales de 2023, desobedeciendo el auto judicial por el que debía devolvérselo a su padre tras un mes de vacaciones.

El hombre había demandado a la madre en este proceso de desencuentro porque cuando ella se marchó a su pueblo aquel verano colocó siete candados en la casa de la que tenía su uso durante 9 meses que expiraban en aquella misma época, negándose a abandonarla. Sin avisar a su expareja, bloqueó la entrada a la vivienda rural, al tiempo que alquilaba una construcción anexa a otras personas.

En el juicio penal que quedó visto para sentencia, celebrado ayer, la mujer solo quiso responder a las preguntas de su abogado. Dijo que no pudo abandonar la casa hasta su marcha porque no encontró otro alojamiento. Puso los candados para evitar la entrada de okupas. Admitió que permitió el acceso de unas personas durante unos días en un edificio anexo para que le cuidaran a los animales de granja que tenía.

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En el fondo subyace el conflicto entre la pareja para subastar la vivienda, que el hombre pretendía adquirir sin que hubiera acuerdo en el precio.

El padre, al no poder entrar en la vivienda, presentó una demanda de ejecución de sentencia por uso extinguido de la casa y pidió el desalojo inmediato cuando aún no sabía que la mujer acabaría huyendo con el hijo de ambos a Bélgica. Declaró ayer que ella le amenazó con acudir a la Policía si iba a la casa, considerando que la mujer ya le había denunciado por malos tratos, aunque el caso había sido archivado. Cuando él acudió a la casa vio que había gente viviendo en ella a cambio del pago de 500 euros al mes. «Les expliqué la situación, les dije que estaban engañados y me pidieron quedarse un tiempo más, y yo accedí.

Posteriormente, la mujer, desde su pueblo en Badajoz, le denunciaría por haber acudido con una radial para romper los candados.

La acusación se mantuvo en su petición de condena de dos años de prisión y 950 euros de indemnización, puesto que la mujer, dijo la abogada, no tenía ninguna intención de regresar a Ciutadella como quedó probado posteriormente. El fiscal, en cambio, ratificó que no veía delito en la acción de la mujer. Pese a que se había extinguido el periodo de uso de la casa que le correspondía, no supone que él hombre pudiese entrar en ella porque pese a hallarse fuera de la Isla, la mujer seguía manteniendo allí su residencia. Debía haberse producido la transferencia de la posesión acudiendo a la vía legal . «Colocar candados no puede entenderse como un empleo de fuerza», concluyó.