La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma acogió este lunes la primera jornada del juicio por estafa y receptación a tres empresarios que operaban en 2015 en Ciutadella en la compra y posterior transmisión de una empresa y sus bienes inmuebles.
El fiscal sostiene que el acusado principal, que cumple condena en prisión por otra causa, y los otros dos aprovecharon la vulnerabilidad de otra sociedad de Ciutadella que explotaba una pizzería en dos locales de la ciudad para lucrarse con ellos, siendo ese su objetivo real.
Los tres acusados aseguraron en su declaración que ninguno se lucró con las operaciones realizadas y aludieron a otra persona de Ciutadella, ya desaparecida, como responsable de una inmobiliaria que medió en las transacciones. Los dos acusados de receptación dijeron que habían sido víctimas, al igual que los socios de la firma vendedora quienes les demandaron, y que había sido esta cuarta persona la que había propiciado este acercamiento para poder dar una salida a la situación precaria que tenían los socios demandantes.
Según la acusación, el principal inculpado hizo creer a los socios de la empresa con deudas, Organización Randa 2008, que si le vendían todas las participaciones a la suya, Intervenciones SL, se haría cargo tanto de las deudas de la sociedad como de las personales relacionadas con el negocio, que ascendían a 230.000 euros. Además, indica el fiscal, logró «engañar» a los socios para quedarse él como administrador único.
Sin embargo, tras consumarse la operación en 2015, el acusado no abonó suma alguna a la sociedad vendedora, ni se hizo cargo de las deudas personales de sus socios. Sí se apropió de los dos locales que posteriormente transfirió a otra empresa pese a que no se había cumplido el plazo de ocho meses para poder hacerlo, como estipulaba el contrato. Esta empresa, a su vez, los arrendó a una tercera por un periodo de 20 años para evitar perder las fincas en caso de una eventual reclamación.
Tanto los responsables de la empresa que obtuvo la transferencia del local como la que posteriormente lo alquiló están acusado de un delito de receptación ilegal ya que, presuntamente, conocían la prohibición.
Para el principal inculpado y su sociedad, el fiscal pide una multa de 600.000 euros y tres años y medio de prisión, además de una multa de 2.700 euros.Para los otros dos acusados, una condena de un año y tres meses de cárcel.
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