Cinco constructores acusados de un delito contra la Hacienda pública

El Fiscal solicita una pena de prisión de 3 años para cada uno de los cuatro acusados y una acusada (G.L.C., M.M.P., R.L.D., F.J.L.D. y J.O.S.N.) y la multa de 833.913 euros que corresponde al quíntuplo de las cantidades defraudadas, con responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses de prisión en caso de impago. Además, en concepto de responsabilidad civil el fiscal solicita que los cinco inculpados indemnicen a la Hacienda pública conjunta y solidariamente con la constructora matriz del presunto delito, con 166.782 euros por la defraudación del impuesto de sociedades del año 2004. Por último, durante cinco años ninguno de los acusados podrá obtener subvenciones, ayudas públicas o el derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

El Fiscal considera que las cuatro empresas se pusieron de acuerdo con la intención de evitar el pago de sus obligaciones fiscales en relación al Impuesto de Sociedades de 2004 de una de ellas. A través de diversas partidas no deducibles consiguieron una minoración de la base imponible. Hacienda comprobó que ésta era de 575.196 euros frente a los 98.674 declarados. Así la cuota presuntamente defraudada es de 166.782 euros.

Las otras tres empresas que representan cuatro de los inculpados fueron subcontratadas por la restante, ubicada en Es Castell, y facturaron diversos importes que no se correspondían con su estructura, medios materiales y humanos. Las tres facturas, cuyos trabajos no han sido acreditados, suma un total de 476.522 euros que fueron registrados como gasto en la empresa contratante durante el ejercicio de 2004.

El juicio oral, en el que también se persona como acusación particular la abogacía del Estado en representación de la Hacienda Pública, tendrá lugar los próximos días 14 y 15, martes y miércoles, del presente mes de abril.