Firma Sindicada.- Carlos Carnicero.- La servidumbre de la coherencia

MADRID, 15 (OTR/PRESS)

Las reacciones a la suspensión de Baltasar Garzón merecen algunas reflexiones. La primera dirigida a Francisco Camps: esperemos que cuando se produzca su procesamiento reaccione proporcionalmente a como lo ha hecho con la suspensión del juez; lo que vale para Garzón tiene que valer para el presidente de la generalidad valenciana.

La segunda: a algunos medios de comunicación que han perdido su larga trayectoria de mesura para sumarse a la tecnología del agitprop que tantas veces habían denunciado. "Juez de la democracia" "perseguido por el franquismo" y otras hipérboles colaboran en un deterioro de las instituciones que ya no podrán denunciar con legitimidad cuando se produzca desde otros parámetros políticos y mediáticos, que ocurrirá.

Tercero: Baltasar Garzón puede ser declarado inocente o culpable; lo ocurrido con su suspensión no es un castigo sino una medida de protección jurisdiccional que evita que todo juez pueda seguir en activo mientras se resuelve su procesamiento.

La simplificación de todo el discurso de protección del juez, pretendiendo un tratamiento diferenciado de cualquier ciudadano es un precedente, según el cual, otras personas podrán pretender evitar la acción de la justicia en función de la estimación de sus trayectorias.

Cuarto: poner en entredicho la acción del tribunal supremo, la legitimidad de sus actuaciones y, sobre todo, sentenciar que es la actual mano del franquismo en España abre la puerta para que cualquiera que sea procesado por el más alto tribunal de la judicatura española pueda hacer lo mismo. No nos extrañe, entonces, -por remitirnos a la actualidad política- que Francisco Camps aluda a una persecución política fomentada desde el Gobierno, porque este disparate será simétrico del que se está produciendo en relación con la negación de la legitimidad de las actuaciones contra el juez.

Por último, colocar la simplificación de lo ocurrido a la altura de que al magistrado le sucede todo esto por haber querido investigar y procesar a los responsables de los crímenes contra el franquismo, es una afirmación carente de rigor que trata de manipular los legítimos sentimientos de los familiares de las víctimas del franquismo en el mismo plano que lo hizo el PP con las víctimas de ETA. El dolor y la memoria tienen justificación ante la exageración de sus reclamaciones; los intereses políticos, no.

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