Pons no concreta si habrá un recorte salarial en el Consell

El presidente del Consell, Marc Pons, no concretó ayer de qué manera afectará al personal de la institución el recorte del 5 por ciento de media en el sueldo de los funcionarios anunciado por el Gobierno, dentro del paquete de medidas para reducir el déficit público, pero, ante la insistencia de los periodistas, aseguró que él mismo, y todos los que ostentan cargos y responsabilidades políticas en el gobierno insular, serán los primeros en ver rebajado su salario. Pons, en una rueda de prensa conjunta con la portavoz del Grupo PSM-Verds, Antònia Allès, explicó que aún se desconoce "la letra pequeña" de lo que ya se denomina el 'zapatazo' que ha propinado el Gobierno central al funcionariado, los pensionistas y los futuros padres, con los recortes anunciados para contener el gasto público.
Pons, que por la mañana había asistido a la reunión urgente convocada por el presidente del Govern, Francesc Antich, con los presidentes de los consells, insistió en que las inversiones "en marcha o presupuestadas" para Menorca no peligran, pese a que, entre las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero está la reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública.
Todos los escenarios
A lo largo de la próxima semana se celebrarán reuniones con representantes del Ejecutivo autonómico y los sindicatos para evaluar el alcance de las medidas del Gobierno central, que serán aprobadas por el Consejo de Ministros del próximo viernes día 21. Asimismo, Pons anuncio la convocatoria de una Junta de Alcaldes extraordinaria "para trabajar en las decisiones, que se tomarán en coordinación con el resto de instituciones".
Mientras tanto, el presidente menorquín afirmó que su equipo de gobierno "se plantea todos los escenarios posibles" y que, aunque no existe todavía una cifra concreta de ahorro como objetivo por parte del Consell, éste no podrá realizarse a costa de las inversiones ya previstas, entre ellas, y como más destacadas, las de la variante de Ferreries, el puerto de Ciutadella, el centro de interpretación de S'Enclusa y la red de fibra óptica. Sin embargo, el presidente balear, Francesc Antich, avanzó ayer que se retrasarán las inversiones autonómicas que aún no hayan salido a licitación pública y, por lo tanto, estén todavía sin contratar, una orden que ya habría sido comunicada a todas las consellerias.
Por su parte, la consellera nacionalista, Antònia Allès, declaró que las medidas anunciadas por el Gobierno "no nos han sorprendido, pero no son compartidas desde el punto de vista político, nos preocupa que no se haya buscado el acuerdo social y que la crisis la acaben pagando los trabajadores". No obstante, Allès apeló a la "responsabilidad de gobierno" y afirmó que el gobierno de Marc Pons se enfrenta a "una de las legislaturas más difíciles de este Consell", en la que, remarcó, la Comunidad Autónoma "ha realizado muchos esfuerzos para la contención del gasto y se ha visto hipotecada por anteriores casos de corrupción".
En opinión de la portavoz del PSM-Verds, el Consell "necesita tener una estructura y una financiación que no ha llegado" y es posible que "acabemos pagando una situación que no nos tocaba". Allès compartió con Pons la necesidad de analizar en detalle las medidas porque en estos momentos "no se sabe si afectará a todos los funcionarios por igual", al tiempo que expresó su malestar por un posible retraso en las inversiones. "Nos preocuparía que se recortaran, y más si se trata de inversiones en educación y sanitarias", afirmó.